Faenón de impunidad

Terminaron las elecciones y la urgencia por salir del marasmo electoral es perentoria. Es cierto que muchos queremos agregar ideas y voluntades para el éxito del próximo gobierno -y los que aún alimentan miedos pronto tendrán su perro y avanzarán- pero no podemos seguir dándole patente de corzo al gobierno saliente que, con el apoyo de la bancada aprista y fujimorista, están bañando de impunidad a los funcionarios gubernamentales salientes. Dos botones de muestra: (1) el Congreso en pleno halló sólo responsabilidad política a los responsables del gobierno durante el Baguazo pero no inhabilitó para puestos públicos a nadie y (2) la Ley 29703, aprobada por el Congreso y promulgada por Alan García el pasado viernes, que: (a) exime de culpa a los funcionarios corruptos en tanto que el acto o transacción gubernamental no produzca pérdida al estado, (b) no obliga al Poder Judicial a inhabilitar a los funcionarios corruptos, y (c) anula la justificación de cambios bruscos de patrimonio o enriquecimiento ilícito.

Estas dos medidas a favor de la corrupción y los corruptos en la burocracia estatal ya son hechos consumados que requerirán derogatorias o anulaciones de parte del siguiente Congreso si es que se quiere hacer justicia con los ladrones de cuello blanco que dejan la mamadera estatal. No va a ser una sorpresa que los gritos de "venganza política" se levanten en diferentes medios de comunicación que, inocentemente o no, busquen proteger a aquellos que medran del dinero de todos los peruanos. Como que tampoco es una sorpresa la forma en que se va tejiendo el posible indulto presidencial de Alan García a Alberto Fujimori; al fin y al cabo, ya tiene experiencia con Crousillat.

El Perú ha demostrado que tiene reserva moral y no dudó en luchar para evitar que la mafia fujimorista se reinstale en el gobierno; es hora de luchar para no permitir que los corruptos del gobierno saliente tengan una coraza de impunidad, como sucedía en las más atrasadas naciones bananeras.