31 enero 2022

Refinería La Pampilla SAA: muy grande para cerrarla

Un derrame de entre 6,000 a 12,000 barriles de petróleo crudo frente a la Refinería de La Pampilla, propiedad de la corporación española REPSOL, que abastece entre el 40% y 45% del combustible vehicular del Perú, bastaría para activar el efecto dominó que haría subir el precio de los combustibles derivados del fósil petróleo por encima de la media internacional (los datos se deben mencionar en aproximaciones porque nadie tiene clara la teneduría de libros estadísticos de esta patria). Y la primera afectada sería la ciudad de Lima, lo que podría hacer que recuperemos, y superemos, los 38 puestos que perdimos en el ranking de ciudades más caras del mundo en el año 2021 (Lima ocupó el puesto 150 de las ciudades más caras del mundo, por encima de Ottawa y Sao Paulo); en el 2022 podríamos volver a alcanzar el número 112 que orgullosamente ocupamos en el 2020 (la segunda ciudad más cara de Sudamérica), quizás trepar más (aquí mercer.com sí tiene los números anuales claros). Todo gracias a un derrame de petróleo frente a las oscuras aguas del mar de Ventanilla, a unos cuántos kilómetros al norte del puerto del Callao.

      Quizás estés pensando que derramar 6,000 o 12,000 barriles en el mar costero no nos costará más allá del gasto de remediación ambiental y no te faltará razón, parcialmente. Que el gasto hay que hacerlo, sí, y urgente, ya que las mareas y corrientes marinas no esperan decretos o presupuestos humanos. Pero el daño sí pasaría con creces del monto de las facturas de limpieza del crudo en las playas y aguas. Especialmente porque el gobierno peruano, a través de su Ministerio de Ambiente habría ordenado hoy

«paralizar las actividades operativas de carga y/o descarga de hidrocarburos u otros productos en los Terminales Multiboyas N° 1, 2 y 3, así como el Terminal Monoboya T-4, existentes en Refinería La Pampilla, hasta que Refinería La Pampilla S.A.A. presente a OEFA un Plan de Gestión ante Derrames de Hidrocarburos en Mar; así como las certificaciones actualizadas de las autoridades competentes que aprueban la integridad de dichas instalaciones, donde se garanticen la operatividad en los terminales, a fin de evitar daños a los componentes ambientales»

con Resolución Ministerial N° 00013-2022-OEFA/DSEM (que no figura publicada en El Peruano a esta hora aún, quizás salga una edición extraordinaria del boletín legal).

      El Perú produce más o menos 40,000 barriles de petróleo crudo diarios, mientras que la Refinería de La Pampilla procesa entre 100,000 y 120,000 barriles diarios de crudo. No hay que ser experto en el tema, ni tenedor de estadísticas, para ver que alrededor de ⅔ del combustible que provee REPSOL a través de La Pampilla proviene de importaciones. Tampoco hay que ser pitoniso para saber que esas importaciones se transportan por mar, y justamente parte de una carga de crudo proveniente de Brasil fue lo que se derramó en Ventanilla. Ahora que se estarían paralizando las descargas de petróleo en la Pampilla, ¿qué pasaría si la refinería de REPSOL no tuviese insumo para refinar? Pues éso, subiría el precio interno del combustible.

      Los más enterados dirían que para éso está el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Y sí, para eso está, otra vez parcialmente. O erradamente, porque el benigno FEPC estabiliza la «volatilidad de los precios internacionales» y aquí estaríamos hablando de cierre de importaciones, sin saber si algún terminal del vecino puerto del Callao está listo y disponible para suplir la recepción paralizada de crudos (lo dicho, todavía no han publicado el mencionado decreto prohibitivo). Pero no me malinterpretes, no estoy diciendo que esté mal cerrar las cargas y descargas de un terminal, privado o público, que haya demostrado ineficiencia y esté contaminando nuestro litoral.

      Lo malo radica en que actualmente no hay otra salida posible, en que los gobiernos de turno se encuentran legalmente con las manos atadas porque la propiedad de la principal refinería de hidrocarburos del país fue cedida (a precio ganga) a un operador privado. Y también porque:

(1) las empresas petroleras operadoras no están obligadas a presentar algún «Plan de Gestión ante Derrame de Hidrocarburos en Mar», que recién exige la OEFA (Fiscalización Ambiental) a Refinería La Pampilla SAA de REPSOL en el mencionado decreto de hoy (SAA = Sociedad Anónima Abierta, ¡cotiza en bolsa! dirías emocionado, pero también les han permitido retirar sus acciones de la Bolsa de Lima, hasta éso);

(2) al no estar obligadas a fiscalización real y activa, otra compañía, esta vez en un ramo tan potencialmente contaminante, vuelve a demostrar por enésima vez que la empresa privada en general no está en capacidad de auto regularse, hace rato que debimos darnos cuenta de que no podemos seguir desregulando tan alegremente las actividades económicas en el Perú; y

(3) todos los gobiernos, ejecutivo y legislativo incluidos, vuelven a chocar con la ineficiencia de la corrupta privatización de la dictadura fujimorista: un país institucionalmente débil como el Perú no se podía, ni se puede, dar el lujo de ceder las actividades económicas estratégicas a propietarios privados, si estos fallan —como ahora con el derrame de Ventanilla— sólo se les puede quitar el permiso de producción de derivados de petróleo, y dejaríamos que cierren la refinería y, de pasada, desabasteceríamos al 40-50% del mercado nacional, por lo que ¿hasta dónde crees que subirían los precios de todos los productos en el Perú? (posición privilegiada la que se malbarateó a REPSOL allá por el año fujimorista de 1996), y ¿quién crees que sacaría más caja directa por el incremento de combustibles?, no importa si esa caja se llenara con dinero de los consumidores o del Fondo de Estabilización público.

      Conclusión: Si no afinamos ahora la fórmula de propiedad de las actividades estratégicas de la nación (especialmente energía y agua) seguiremos con estos «desaguisados y malentendidos» provocados por corporaciones muy grandes para quebrar o muy poderosas para enfrentar (qué ironía, los mismos peruanos les dieron ese poder mediante actos de gobernantes corruptos, ahora todo legalmente prescrito y oleado con agua bendita). Y para ello, tenemos que cambiar las reglas actuales con tino y vocación de supervivencia, no a la mala del interés de cúpulas conservadoras o revolucionarias.


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