Disciplina fiscal (a la ) peruana

La Constitución peruana vigente de 1993 (la que parió al neoliberalismo peruano en la dictadura 1992-2001) dice:

Artículo 79.- Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.

Pero el Tribunal Constitucional (TC), vigente también, arbitró en el numeral 172 de su sentencia:

... la finalidad del artículo 79 de la Constitución es que las iniciativas legislativas no generen nuevos desembolsos o erogaciones no previstos en el presupuesto del correspondiente año fiscal y que tampoco pueden incrementar los gastos públicos ya incluidos en dicho presupuesto público.

¿Cuál fue el resultado? El Congreso presentó cientos de pedidos express para gastos (de inversión, corrientes, etc.) durante el proceso de aprobación del Presupuesto General del 2023. Y no es que todos los pedidos hayan sido malos, la mayoría deben haber sido justos y reivindicadores de tanta necesidad en nuestro subdesarrollado país. El problema es que no hay cuarto pa´ tanta gente, que no hay guita para saldar todo en una. «Que salga de la reserva para emergencias», dijeron los pedidores mostrando, otra vez, su sustantivo analfabetismo, esta vez, en finanzas públicas. Claro, son congresistas (padres y madres de la patria) y para serlo sólo se requiere ser ciudadano peruano mayor de 25 años; y los asesores congresales son, en su mayoría, ex congresistas o empleados eternos de la maquinaria burocrática estatal.

Felizmente para nuestras finanzas, los desconocedores en el Congreso no habían leído con atención (o no les habían leído) el siguiente numeral (173) de la misma sentencia del TC:

... tal prohibición “no impide que una iniciativa legislativa, presentada por los Congresistas, pueda constituir una fuente jurídica para que, posteriormente, y en el ámbito de las atribuciones del Poder Ejecutivo, este determine o considere la inclusión de las partidas necesarias en la Ley de Presupuesto anual para atender los gastos que eventualmente requiera su materialización”.

Ergo, el Ejecutivo (Ministerio de Economía) no estaba, ni está obligado a incluir ninguna de las demandas de gasto presentadas en el Congreso. Claro que nuestros congresistas amenazaron con aprobar y promulgar una ley de Presupuesto General a su gusto y capricho. O sea, amenazaron zurrarse en las atribuciones sobre la hacienda pública que el TC y la constitución le reconocen al Ejecutivo, todo por obtener la facultad de meter proyectos onerosos en los Presupuestos nacionales. No obtuvieron (todavía) la ansiada facultad, pero sí una palanca informal para negociar los ingresos y gastos presupuestados del Estado.

Ha quebrado, entonces, el Congreso a la hasta ahora confiable disciplina fiscal, casi la única política virtuosa que hizo tan admirable al manejo económico del Perú de los últimos 30 años de neoliberalismo. Ha quebrado a la política económica que nos mantiene alejados del fantasma de la Venezuela hiperinflacionaria y desabastecida. Mas todos sabemos que el Congreso es un pitbull que no soltará su presa hasta doblegarla y, con ello, disponer de las muy codiciadas reservas internacionales de todos los peruanos. Gracias a la nula participación que la Constitución le concede a la ciudadanía peruana en la democracia, ahora sólo nos queda ser testigo mudo de las siguientes maniobras políticas de el Congreso para lograr su objetivo de destrozar la economía mientras nos narran una gesta patriótica imaginaria y disparatada.

Pues bien, esta vez al Ministerio de Economía le tomó seis horas de encerrona en comisiones congresales para declinar con buenos modos los cientos de pedidos, solicitudes, recursos y peticiones congresales de toda laya y monto. Al final de esta historia, algunas demandas sí fueron incluidas en el Presupuesto nacional balanceado y sin comprometer los Fondos de emergencias o las Reservas: Cien millones para el Vaso de Leche, otros cien millones para las Ollas Comunes y cincuenta millones para seguir devolviendo aportes del Fonavi. También introdujeron nombramientos de algunos funcionarios estatales, aumentos a otros más, construcción de hospitales, y etcétera de menor cuantía. Gastos necesarios y postergados, es cierto, pero que deben ser bien manejados.

Como ejercicio de previsión: en el futuro cercano y lejano, el Congreso en comisiones y en pleno (sin importar la filiación política) propondrá y aprobará leyes con más gastos estatales para probar suerte e influencias en el siguiente Presupuesto. Y no faltarán las leyes con nombre propio para otorgar exenciones tributarias a ciertas corporaciones que ya han hecho historia en el saqueo tributario, con la venia y apoyo eufórico de los fieles al neoliberalismo, esos que se autodenominan expertos en economía (economistas no pueden ser si recomiendan siempre una sola receta, ya obsoleta, para cualquier política económica). Aquí les haría bien revisar con genuina curiosidad el reciente nuevo intento —fallido esta vez— de rebajar impuestos a la gran empresa en Gran Bretaña, intento que le costó el puesto a la ex Primera Ministra Liz Truss tras 45 días en el poder.