Se veía venir: Por fina cortesía del Sr. Hernando de Soto, el señor Erik Prince, fundador de una famosa empresa de seguridad estadounidense (eufemismo para ejército privado de mercenarios) está vendiendo sus servicios a los mineros ilegales de las zonas más amenazantes del Perú. Ahora va quedando clara la razón por la que el Estado peruano no enfrenta a la criminalidad como solía hacerlo.
Como el artículo 60 de la vapuleada constitución del Perú estipula: «Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.», y el Estado peruano es perfectamente invisible en vastas áreas del territorio nacional, los mineros ilegales (e informales, que es lo mismo) han decidido que la lucha contra la criminalidad debe ser otra actividad empresarial, y así se inicia el nicho de emprendimiento mercenario en el Perú.
Como esta actividad es de alta demanda en las zonas de explotación de oro del país, pero también es un servicio absolutamente ajeno al proceso extractivo de la minería, lo obvio es tercerizar el rubro. Una adecuada tercerización sólo se puede hacer usando los servicios privados y profesionales de expertos en la materia. Y qué mejor profesionalidad y experiencia que la de los señores mercenarios que apoyaron, con la contraprestación monetaria que exige el mercado, al Estado estadounidense (la redundancia es culpa de los yanquis y su nula imaginación para ponerle nombre a su propio país) durante las guerras de invasión de Afganistán e Iraq.