19 de mayo de 2012

La formalización minera y el negocio de Shahuindo

Los pobladores de los campos mineros anónimos que desde hace buenos años invaden el Perú de norte a sur no podrían estar más satisfechos con la forma en que el estado peruano viene manejando el asunto de la minería ilegal. La andanada de normas legales del ejecutivo, previa lavada de manos del legislativo en ese campo minado, conduce a la formalización sin distingos de medianos, pequeños y diminutos invasores de zonas mineras. No obstante que el cuerpo legal de la nación ya legisla al respecto, esas normas vuelven a imponer penas a quienes trafiquen equipos, maquinarias y productos mineros ilegales y a quienes participen en el eficaz sistema de lavado de dinero que todos sabemos opera desde hace mucho en nuestro país. Legislan como si existieran tonalidades del color sucio en el dinero, venga éste del tráfico de drogas, armas o metales preciosos al margen de la legalidad.

Lo que sí es nuevo y lamentable es que se haga el distingo entre minería ilegal y minería informal sólo por el hecho de realizar sus operaciones ilícitas en zonas geográficas en que está prohibida la actividad minera. Más aún, se concede un plazo de 2 años a los llamados informales para realizar los trámites de formalización, tiempo que puede ser extendido por el ministro de energía y minas de turno (artículos 2 y 3 del DL 1105). Para los ilegales, se conceden 60 días para iniciar dicho proceso y subirse al plazo del informal.

En concreto: todos pueden seguir cavando y regando donde les dé la gana con químicos como cianuro, mercurio y otros de igual o mayor riesgo para la ecología y la vida humana, ya que uno de los puntos neurálgicos de un proceso de formalización de toda concesión minera es la certificación ambiental. Esta última la tornan ambigua al crear un "instrumento de gestión ambiental correctivo" para permitir que Ministerio del Ambiente se despache con todas las excepciones y vistas gordas que las tomas de carreteras peruanas ameriten (artículo 9 del DL 1105). Y éso que la certificación ambiental ya dependía, y depende, oficial y legalmente de las Direcciones Regionales de Energía y Minas. Mayores facilidades, ni en una cooperativa distrital de ahorro y crédito.

Grafiquémoslo con un ejemplo hipotético. Ahora que el oro se cotiza a casi US$ 1600 la onza en Nueva York, imaginemos que mis lectores y yo decidimos incursionar en la extracción de oro en la zona de Shahuindo en Cajabamba, justo donde está la concesión minera que pertenece a Sulliden Gold Corporation. Sólo tenemos que llenar un formulario de Declaración de Compromisos y presentarlo ante la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca en la Avenida 13 de Julio 284, Cajamarca, antes del 18 de junio. Listo. Ya tenemos mínimo 2 años para sacar el oro que podamos, 24 horas al día y 7 días a la semana, con la maquinaria que nos alquilamos, digamos, de la empresa JWW Contratistas SAC, la misma que tengo entendido cuenta con equipo disponible en la zona, gracias al espíritu previsor de su propietario, el actual alcalde de la provincia de Cajabamba. Si la cosa va bien, al cabo de los 2 años organizamos unas cuantas parrilladas en medio de la carretera Cajabamba-Cajamarca y por ahí nos cae una extensión de otros 2 años. Al cabo de ese tiempo, nos retiramos con nuestras ganancias y dejamos que el gobierno se encargue del estropicio ambiental que causamos, amén del desbarajuste legal del tráfico de personas hecho por "emprendedores" del ramo. Pingüe negocio.

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