Los españoles y extranjeros afincados en Madrid y Barcelona vuelven a experimentar la división de sus comunas en dos corrientes de opinión: los unos que propugnan la construcción de ciudadelas pobladas de casinos al estilo Las Vegas norteamericana y los otros que se oponen a la existencia de la industria del juego en gran escala en sus ciudades.
Los unos alegan que la gran crisis y el desempleo serán paliados con 250,000 empleos en cada comunidad mientras los otros aseguran que dichos empleos, si es que llegan a sumar esa alta cifra, pagarán salarios paupérrimos. Los unos no necesitan hacer uso de su voz pública porque los gobiernos comunales ya vienen negociando la construcción de los emporios del juego con sumo interés, mientras los otros vienen tañendo cacerolas en calles y plazas.
Al otro lado del mundo, los peruanos y extranjeros que radican en el país ya están más que acostumbrados a la presencia de casinos en las principales calles de sus ciudades y bien, gracias.
Al igual que las empresas que gozan beneficios tributarios en zonas francas, la selva y las alturas de la sierra, los casinos en el Perú justifican su existencia en la creación de puestos de trabajo, fin social que el estado protege sin tapujos. Sin embargo, y como para darle la razón a los otros españoles, dichos trabajos son de bajo nivel salarial, tal como es la norma tácita del Cholo Barato que ha definido el libre mercado en su insondable sabiduría.
La cosa empeora cuando nos percatamos, gracias a Wikileaks, que los casinos sirven como vehículos de lavado de capitales.
Ya en el 2009 el embajador norteamericano de turno, Michael McKinley, informaba a su oficina matriz el resultado de un estudio realizado por el Departamento del Tesoro de los EEUU que mencionaba la ausencia total de controles en los casinos establecidos en el país y, por ende, la gran puerta abierta que esto representa para el lavado de capitales y colocación de dinero falsificado. Solo basta perder mucho dinero en las ruletas para legalizar ese dinero que nadie pregunta de dónde viene.
Por desgracia, en el Perú medran los operadores de casinos expulsados de países con la legislación pertinente y España está a punto de ser invadida por un consorcio de casinos, Las Vegas Sands, que se encuentra bajo investigación por el Departamento de Justicia norteamericano debido a sus contactos con un ciudadano chino-mexicano detenido por lavado de capitales a través del banco británico HSBC, Zhenli Ye Gon.
La guerra contra el crimen se viene peleando día a día. Por allá, España no baja la guardia ante los intentos de los cárteles mexicanos por abrir una puerta más para su tráfico hacia toda Europa. Por acá, Brasil y México, entre otros latinoamericanos, hacen esfuerzos para adecuarse a las 40 recomendaciones de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para luchar contra el lavado de capitales.
Pero en el Perú la lucha avanza con pies de plomo con una Unidad de Investigación Financiera, enquistada como un forúnculo interno de la Superintendencia de Banca y Seguros, que deja a las empresas objetivo, entre ellas los casinos, nombrar a sus propios ejecutivos de cumplimiento, los mismos que ven cuesta arriba generar reportes de actividades financieras sospechosas, so pena de perder su chambita.
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