Obras y más obras ... por impuestos

Una ola de obras públicas fueron entregadas por empresas privadas en el año 2012. Backus rehabilitó las vías auxiliares de la Avenida Separadora Industrial, una de las calles que bordean su planta cervecera de Ate. Cementos Pacasmayo encementó varias avenidas en Cajamarca. Telefónica del Perú amplió el sistema de telecomunicaciones en Tacna. Compañía Minera Milpo mejoró los sistemas de agua potable al pueblo de San Juan de Milpo, en las cercanías de su Mina Atacocha en Pasco. Avinka acrecentó el abastecimiento de agua al centro poblado Laure en Chancay, cercano a su planta de beneficio de pollos de Lima. Etcétera. ¿Financiamiento? impuestos del fisco.

Es un hecho histórico, comprobable estadísticamente, que las regiones y municipios peruanos utilizan alrededor de un 60% de su presupuesto anualmente, dejando que el remanente revierta al tesoro público nacional. No lo hacen porque les falte necesidades o les sobre plata sino porque, asumimos muchos, no tienen la operatividad ejecutiva que sus votantes desearían. Cualquier autoridad elegida puede hacer un estrambótico monumento de cemento a la yuca en los bolsones de población votante de su jurisdicción, pero toma más trabajo y desinterés político el gerenciar eficientemente un proyecto de desarrollo serio. Esos gerentes no abundan en los gobiernos regionales y municipales peruanos.

La ley Obras por Impuestos (Ley 29230 de mayo del 2008), refrendada por Alan García -y reglamentada por Ollanta Humala (DS 133-2012-EF de julio del 2012)- abrió una ventana por la que la empresa privada puede canjear impuestos a la renta por la ejecución de proyectos públicos priorizados o de proyectos que las mismas empresas consideren pertinentes al lugar y el tiempo; una lección práctica de espacio-tiempo histórico del ex-presidente aprista. ¿De qué tamaño es la ventana? lo suficientemente grande como para que una parte in crescendo del histórico 40% de presupuestos regionales y provinciales desperdiciados sea administrado por gerentes de empresas privadas nacionales y multinacionales, como lo son las de los ejemplos del primer párrafo. ¿Cómo? este listado lo resume:

(i) Los gobiernos determinan proyectos prioritarios, pero si la empresa privada tiene otra prioridad en mente, puede plantearla y el gasto del proyecto de pre-inversión va a cuenta del gobierno.
(ii) La totalidad de la inversión es recuperada vía certificados para SUNAT a la entrega del proyecto o por armadas, si el proyecto es mayor a 6 meses.
(iii) Esos certificados para SUNAT, llamados Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) se usan para pago de Impuesto a la Renta, o sus intereses, hasta el 50% del impuesto del año anterior. Pero nada se pierde al tener los certificados validez de 10 años, con 2% de incremento anual automático.
(iv) La ley exige supervisión privada de la obra a cuenta del gobierno. Si el proyecto requiere inversión adicional, la empresa ejecutora la incluye con estudio previo, también a cuenta del gobierno.

¿Mejores condiciones para el impulso a obras públicas? no lo creo, y la ola de obras por impuestos que se ha venido dando en todo el Perú lo demuestra. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Los ejemplos de Backus, Cementos Pacasmayo, Telefónica del Perú, Minera Milpo y Avinka nos muestran cómo una empresa puede usar este instrumento legal para mejorar su posición operativa con dineros del estado peruano, amén del retoque a la imagen social de la empresa.

Ahora, los ciudadanos de a pie tenemos tres alternativas:
Una, mudarse a las zonas más populosas de las ciudades donde vivimos para disfrutar las obras públicas que nuestras autoridades hacen para mantener su popularidad,
Dos, mudarse a zonas aledañas a empresas locales privadas grandes para disfrutar las obras públicas que sus gerentes hacen para mejorar sus operaciones y su popularidad social, o
Tres, propugnar entre las compañías de particulares la ejecución de obras de verdadero interés comunal y que vienen esperando financiamiento desde que muchos de nosotros tenemos uso de razón.
La tercera alternativa es obviamente la que redunda en cambio positivo y pasa por la formación de mesas de negociación con directorios locales.

El quid de estas nuevas mesas de negociación ciudadano-empresa privada se reduce a, nos guste o no, lograr beneficios tanto a la comunidad como a la empresa en cuestión. Si bien el espíritu de la ley busca priorizar el beneficio comunal, ninguna empresa distraerá recursos financieros y humanos en proyectos que no les redunden alguna mejora en sus operaciones, así ellos recuperen la totalidad de lo que invierten vía CIPRL y ganen la imagen de empresas socialmente responsables. Hecha la ley, hechas las reglas del mercado.

Las alternativas uno y dos representan la inercia social. Una cara de la moneda muestra el desperdicio de los presupuestos descentralizados y la otra cara muestra a la empresa privada realizando obras que casi exclusivamente favorezcan sus operaciones regulares disfrazando los proyectos a ejecutar con la careta de la prioridad comunal. En las tres alternativas, y éso es tema de otro artículo, seguiremos haciendo como que no existe la corrupción en los gobiernos y las empresas, un mal al que debemos sobrevivir hasta que nuestro sistema de justicia se gane su nombre realmente.

Los impuestos no deben financiar nuevo pavimento para vías de salida de almacenes privados, ni para darle circulación a precio de mercado a productos largamente almacenados, ni para incrementar la frontera de telecomunicaciones privada, ni para beneficiar campamentos mineros privados en la puna, ni para incrementar la presión de agua de factorías privadas. Los impuestos son el ingreso de un país y, por ende, de sus ciudadanos, debemos asegurarnos que sean usados para su beneficio directo.