Desindulto

Hasta los más fervientes admiradores de Alberto Kenya Fujimori deben admitir, muy a su pesar, que la nulidad de la suspensión judicial del indulto resuelta por el Tribunal Constitucional peruano tiene etiqueta con fecha de vencimiento. El ex-dictador sólo dispondría de algunos meses de libertad antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le corrija la plana al TC del Perú, con el correspondiente castigo que le correspondería al Estado Peruano por intentar violar las leyes internacionales a las que está adscrito. No en vano ese mismo indulto, otorgado por el casi-vacado presidente Pedro Pablo Kuczinsky, fue anulado por la Corte Suprema a instancias de la Corte IDH de San José.

      A pesar de lo obvio del asunto, la actual presidencia de Pedro Castillo no da visos de animarse a apostar por caballo ganador, prefiriendo hasta ahora mantener un silencio precario, mientras continúa su ruta de gobierno pragmático en el peor sentido de la palabra: Nombrando ministros y funcionarios que le faciliten operatividad, por lo menos sospechosa, aunque tenga que «renunciarlos» al poco tiempo (al fin, hay muchos más de esa laya en cola, demasiados); avalando directorios estatales que tumban empresas emblemáticas como Petroperú; operando políticamente como si su único objetivo fuese evitar ser vacado por el Congreso, pacte lo que pacte, aunque flote sobre Palacio de gobierno la sempiterna pregunta ¿cumpliría el fujimorismo con pactos de no vacancia hechos bajo la mesa?.

      Sin salir del imaginario político peruano, no existen indicios suficientes para responder afirmativamente a la pregunta anterior. Y es que el partido Fuerza Popular, y sus aliados políticos de turno, deben estar conscientes de la precariedad de la revalidación «apresurada» del indulto de Fujimori, y de lo inviable que sería impulsar el retiro del Perú de la CIDH, única forma visible de mantener vivo el cuestionado indulto. Por si fuera poco, cumplir otro pacto político con el gobernante partido Perú Libre —tal como lo hicieron con las leyes de debilitamiento de la SUNEDU y de la legislación electoral— no le avizoraría mejor futuro político a la oposición con Dina Boluarte asumiendo la presidencia del Perú.