Fueron 14 los que murieron en las alturas de Arequipa. Hay quienes dicen que fueron más los cadáveres encontrados en Caravelí. Murieron todos abaleados en los cerros de Atico. No sé sus nombres, ni los nombres de sus hijos, a los que tenían viviendo allá en esos campos de oro y pozas de mercurio. Eran mineros ilegales, seres humanos que podrían haber estado trabajando encubiertos por otras sierras en Cajabamba, o bajo la jungla de Madre de Dios. Hay fiscales que dicen que los mineros murieron abaleados por sicarios contratados por la empresa a la que el Estado les concedió derecho de explotación del oro. Pero la empresa prefirió alquilar la concesión por pedazos. Y ahora la fiscalía acusa a esa mala empresa de firmar subcontratas ilegales con los buscadores de oro, de querer cobrar 30% de los hallazgos de los mineros escarbadores, de asesinarlos en masa porque no le pagaron más dinero de lo estipulado por escrito.
Tienes razón al opinar que la mineros ilegales deben dejar de existir. Pero no matándolos. También tienes razón al pensar que una concesión minera se puede subcontratar. Pero no a gente con modos de explotación obsoletos y contaminantes. He aquí lo evidenciado por la fiscalía: la concesionaria minera en Caravelí subcontrató a mineros ilegales; los mineros encontraron oro y pagaron la tajada acordada; la empresa quiso más «regalías», los mineros no pagaron el adicional exigido y la empresa lo cobró en vidas, en sangre. Dicen que los cobradores coactivos fueron 31 sicarios que tenían contratos de matarife con la misma concesionaria. Asesinaron a los mineros en los cerros de Atico mientras buscaban el oro que les daría temporal ingreso, para ellos y para sus hijos, a los que tenían viviendo allá en esos campos de muerte.
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