Anarcocapitalismo, criptoanarquismo y criptomonetarismo

Un año antes de la caída del Muro de Berlín, salió a la luz el Manifiesto Criptoanarquista augurando un futuro libertario digital a las sociedades —sin importar quién las gobernara—, gracias al desarrollo de las tecnologías informáticas. Dale una mirada al primer párrafo de los tres que componen a ese manifiesto escrito en el mismo formato del Manifiesto Comunista de Marx y Engels (1848):

«Un espectro está surgiendo en el mundo moderno, el espectro de la criptoanarquía. La informática está al borde de proporcionar la capacidad a individuos y grupos de comunicarse e interactuar entre ellos de forma totalmente anónima. Dos personas pueden intercambiar mensajes, hacer negocios y negociar contratos electrónicos, sin saber nunca el Nombre Auténtico, o la identidad legal, de la otra. Las interacciones sobre las redes serán intrazables, gracias al uso extendido de re-enrutado de paquetes encriptados en máquinas a prueba de manipulación que implementen protocolos criptográficos con garantías casi perfectas contra cualquier intento de alteración. Las reputaciones tendrán una importancia crucial, mucho más importante en los tratos que las calificaciones crediticias de hoy en día. Estos progresos alterarán completamente la naturaleza de la regulación del gobierno, la capacidad de gravar y de controlar las interacciones económicas, la capacidad de mantener la información secreta, e incluso alterarán la naturaleza de la confianza y de la reputación...» (https://bit.ly/3nPJkhc).

     Los principios de ética de este manifiesto siguen la línea del anarco-individualismo gringo del siglo XIX, y del posterior desarrollo teórico de la Escuela Austriaca de la primera mitad del siglo XX, que alimentaron al renacimiento del liberalismo de la primera revolución industrial (nombre largo del neoliberalismo) en la década de los años 80. Los ochenta del siglo pasado, la década en que la primera computadora personal fue lanzada al mercado por IBM, en que nació la www, y el primer virus informático; la década en la que intentaron asesinar al Papa, y lograron matar a John Lennon; la década en la que el accidente nuclear de Chernobyl anunció al del Fukushima de este siglo; la década en la que Pac Man fue rey de los video juegos, Diego Maradona del fútbol, y Michael Jackson de la música pop.

     La creación de las criptomonedas llegó, entonces, anunciada por muchos y como producto consustancial del criptoanarquismo ochentero que —dicen los gurús con mucha razón— recién ha empezado a cambiar nuestras vidas. En la actualidad hay un número indeterminado de criptomonedas en operación que anda tú a saber —arriba de 200 y cotizando al segundo (https://coinmarketcap.com/es/all/views/all/)—, peleando por sobrevivir o, quién sabe, por su posible conversión a medio de pago universal. Y es que, hasta hoy, una criptomoneda no pasa de ser un medio de pago o de cambio que tenemos disponible en el mundo, es dinero no impreso por algún banco central, tan igual en esa función a los cheques, tarjetas, billeteras virtuales y redes Hawala en la intermediación financiera de nuestros barrios, ciudades, países y continentes. Pero es en las pequeñas diferencias donde radica la potencialidad de este nuevo tipo de medio de cambio —y quizás su supremacía—, que lo ha convertido en un boom indiscutible: no forma parte del circuito bancario, ni es regulado por Estado o institución multilateral alguna.

      Las criptomonedas que dominan ese nuevo mercado se basan en bloques de validaciones de transacciones hechas por una multitud de participantes con potencia informática. Cada uno de esos «voluntarios» busca retribución por su trabajo, nadie trabaja gratis. Esos bloques se unen en una cadena interminable e inmodificable , tan simple como éso, la cadena de bloques (blockchain) se extiende al infinito y ninguna transacción puede ser borrada. Como muestra puedes darle una chequeada a las criptomonedas que corren primero en las cotizaciones del mercado cambiario digital: Bitcoin y Ethereum. Las dos trabajan con blockchains, las dos gozan de la colaboración del código abierto (open source), las dos cotizan en un mercado sumamente volátil, y las dos te ahorran los costos de intermediación bancaria en el movimiento de capitales y pagos. Lo hacen ahora y lo seguirán haciendo hasta que desaparezcan junto con la humanidad (o antes, quién sabe). Rescatemos, éso sí, la multifunción de las Piezas No Fungibles (NFT por sus siglas en inglés: Non Fungible Token) que presta Ethereum en su casa electrónica a cualquier usuario que desee generar bienes digitales (o tambien Contratos Inteligentes: Smart Contracts) cuyo valor es independiente del valor físico del bien original que está siendo «clonado».

     Más aún, con Ethereum puedes hacer tu propia versión de cripto pago en cosa de media hora (medio año si lo hace alguna burocracia). ¿Por qué no podrían hacerlo los gobiernos nacionales, regionales, municipales o barriales?. No sólo se harían de un medio de cambio, sino que podrían firmar contratos inteligentes con cláusulas invariables anudadas en un programa que eviten fraude y corrupción en obras públicas, adiós a las investigaciones de años en contralorías y ministerios públicos (ésta es recomendación del Banco Mundial, ver: https://bit.ly/39jrYAP).

     Sin embargo, ninguna de las más de 200 criptomonedas en uso es regulada por entes gubernamentales, pero esto no se mantendrá siempre así. La regulación llegará tarde o temprano, y ya se sienten pasos ahora que un país centroamericano (El Salvador de Bukele) ha incluido al Bitcoin como moneda de curso legal a la par con el dólar.  Pero las ventajas del uso del criptomonetarismo, sólo se pueden lograr si la información de identificación real y oficial brindada por las personas naturales y/o jurídicas que realizan sus criptotransacciones digitales puede ser registrada y supervisada por los órganos reguladores estatales. Tal como supervisan desde hace tanto tiempo las transacciones con moneda física oficial, sin que las operaciones tengan que ser públicas. De no cargar identificación real (no codificada) cada ramificación transaccional, como sucede actualmente en la práctica de las 200+ criptomonedas, el anonimato que otorga la privacidad de cada criptotransacción —o la privacidad del número de serie de un billete— seguirá atrayendo a los dineros sucios. Y de éso es que trata una regulación: poder rastrear la ruta del dinero.

     Para que las criptomonedas puedan ser consideradas parte del sistema monetario mundial honesto y decente —pueda vestir pantalones largos— primero se debe erradicar de sus entrañas el inmenso volumen financiero proveniente de actividades criminales por medio de la regulación de entidades oficiales de inteligencia financiera y recaudación de impuestos. Mientras tanto, las transacciones de quienes compran o invierten en criptomonedas seguirán siendo empañadas por la larga sombra del criptomundo especulativo donde los dineros de actividades criminales circulan a su antojo. Seguirán existiendo bajo la penumbra de los video juegos piramidales, de las compras ilegales, de las operaciones sospechosas. No podemos, pues, seguir haciéndonos los suecos con el elefante del lavado de capitales que ocupa tanto espacio en la habitación financiera de nuestra casa globalizada.

El Estado de derecho torcido

 Quienes han tenido parte activa en el rediseño de las leyes electorales de este país saben que sus compatriotas, además de votar, no podemos exigirles cuentas claras. Menos podemos participar en el debate de la legislación y la sana administración del Estado. Todo un ejemplo de democracia fallida en lo intrínseco y lo nominal.

     Saben también esos falsos demócratas —desde hace, por lo menos, tres décadas— que han colaborado, entre gallos y medias noches, en retorcer las leyes penales y civiles hasta el punto que las «faenas» financieras y oligopólicas —hasta hace poco delitos e inmoralidades para las cortes y la decencia— sean ahora legales y admirables. Más aún, so pretexto de favorecer a un utópico libre mercado (tan utópico como el pleno socialismo estatal), nos han enterrado en el lodo del obsoleto mercantilismo de unos cuantos; y han favorecido al mercado libre de las actividades criminales, de cuello blanco y sucio, que son ya endemia territorial y gremial en esta república y tantas otras de la región.

     Saben que les costó tiempo y dinero lograr oscurecer legalmente la actividad empresarial en el país (entrampando con ello al «mercado» que dicen defender), y éso precisamente les lleva a oponerse a cualquier insinuación de reforma constitucional, por más bienintencionada que ésta pueda ser. Claro, al ser una constitución la norma fundamental y suprema que sienta las bases y estructuras del Estado de derecho de un país, imponer de jure y de facto la del año 1993 en el Perú era una necesidad de la última dictadura. Necesitaban legalizar casi todo lo opuesto a los derechos humanos y garantías constitucionales que todos los colectivos sociales del país deberían tener, a fin de perpetuar sus elecciones fraudulentas (recordemos la «interpretación auténtica» re-eleccionaria del Fujimori noventero) y su modos ventajosos de hacer empresa. Suponen los seudo políticos que defienden un estado de derecho que no requiere mejoras ni modernizaciones, creen que deben cerrar filas tras la conservación a rajatabla de la constitución política del Perú dictatorial de los 90. Olvidan, o quieren olvidar, que esa constitución fue redactada por asambleístas-legisladores elegidos con reglas electorales amañadas a la mayor conveniencia del dictador de entonces, ahora en la cárcel.

     Dicen ellos, abanderados de la patria —con parcial razón, hay que admitirlo—, que las asambleas constituyentes son elegidas por dictaduras. Casi siempre ha sido cierto. Sin embargo, antes de la constitución del 93, las dictaduras que se aburrían de ejercer el poder de facto tenían el camino de llamar a una nueva asamblea constituyente (llevamos haciendo ya una docena de constituciones, y contando) para que, de pasada, les celebren el espíritu democrático. Pero esas dictaduras no necesitaban maquillar la legislación que los favorecía, porque ellas mismas legislaban con decretos autocráticos, porque eran autócratas, dictadores, y no se corrían. Así las cosas, los asambleístas constituyentes elegidos sólo se dedicaban a una tarea: redactar una nueva constitución. Pues bien, eso no sucedió en el congreso constituyente del dictador Alberto Fujimori (que no se aburrió del poder, qué va), pues les dio a sus asambleístas la doble tarea de legislar y redactar una carta magna a la vez. Tremendo arroz con mango que, con tiempo y egoísmo, produciría el menjunje de leyes que ahora dizque nos gobierna en libertad y equidad.

     Pero hay un pequeño gran detalle que los patriotas del 93 quieren que dejemos pasar: la Constitución Política del Perú de 1979 —producto de un Congreso Constituyente elegido en ancha base política para sus tiempos— dispone en su parte final:

«Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Son juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior.

Asimismo,los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución.

El Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se les haya causado.»

     Es una verdad histórica que la «constitución» de 1993 se impuso por acto de fuerza, e hizo acto de derogatoria de la Constitución vigente en ese momento por intermedio de un referéndum no constitucional (el del 31 de octubre de 1993), al no estar éste contemplado en el Título de Reforma de la Constitución de 1979 (otra vez, vigente al momento del referéndum inventado):

«Toda reforma constitucional debe ser aprobada en una primera legislatura ordinaria y ratificada en otra primera legislatura ordinaria consecutiva.

El proyecto correspondiente no es susceptible de observación por el Poder Ejecutivo.

La aprobación y la ratificación requieren la mayoría de los votos del numero legal de miembros de cada una de las Cámaras.

La iniciativa corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los Senadores y Diputados; a la Corte Suprema, por acuerdo de Sala Plena, en materia Judicial; y a cincuenta mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones.»

      Así es, el dictador Alberto Fujimori y sus entusiastas colaboradores tienen pendiente un juicio (uno más), con previa incautación de sus cuantiosos bienes (la plata robada es un bien dinerario, sépase), por los perjuicios causados a la república democrática que quebraron el 5 de abril de 1992. Y la constitución inválida, espúrea, nula, que produjo esa dictadura debe ir adonde le correspondió desde un inicio: el bote de la basura (el azul, el de cartones y papeles reciclables). Cúmplase por mandato imperativo de la ley de leyes realmente vigente en el Perú.

      Una vez reciclado el papel manchado por la «constitución» del 93, y recuperado el enriquecimiento ilícito de sus escribientes, toca abocarse con urgencia a las reformas constitucionales que nuestra Constitución Política de 1979 requiere. Personalmente, tengo una propuesta de iniciativa de reforma constitucional que declare la muerte política, permanente y perenne, a quienes hayan obtenido (y obtengan) beneficio personal o grupal de puestos gubernamentales ejecutivos, legislativos y/o judiciales. Y ya que estamos en éso, mejor empecemos por recolectar firmas para otra iniciativa que declare la mudez, obligatoria y persistente, a quienes sigan charlataneando en prensa y redes sociales sobre patrias imaginarias y mundos bíblicos redivivos. Per sécula seculórum, amén.

Cruzada contra la Corrupción versión Odebrecht

La cruzada contra la corrupción en el mundo, como toda cruzada, siempre debe ser liderada por caballeros con espaldas suficientes para llevar puestas brillantes y pesadas armaduras, plagadas de nombres bañados en probidad de gremio empresarial y santidad sodalicia. Caballeros del sector privado empresarial que no hayan sido manchados por el virus estatal, aún en la acepción más neoliberal de la palabra. Y es que las cruzadas contra la corrupción no pueden bajar al llano llamándose luchas contra la corrupción porque podrían caer en manos de gente honesta que, en su inocente honestidad, podrían encontrar, por alguna sorpresa de la vida, algún camino transitado por dineros mal habidos que alimentan a la sociedad de las revistas de papel couché. No. Ni hablar.

Entonces imaginemos que existe un país, hipotético él, en franco proceso de crecimiento latinoamericano gracias a su producción primaria de insumos, consumo crediticio doméstico y retorno de divisas por exportaciones de medicinas no oficiales. Sin duda, en ese nuestro país imaginario todos tienen confianza ciega y seguridad democrática que la Cruzada contra la Corrupción versión Odebrecht está siendo liderada por quienes brindaron años de servicio a empresas sistemáticamente evasoras de impuestos, administraron paquetes para eludir pagos al fisco, ejecutaron operaciones financieras de sospechosa complejidad, autorizaron auditorías a pedido del cliente, apoyaron la creación de leyes que inutilizaron a instituciones reguladoras, influyeron a favor de leyes que formalizarían mineros anti ecológicos, y otras perlas por el estilo. Sin lugar a dudas la institución oficial de defensa de la ética nacional está en manos de uno de aquellos caballeros de brillante armadura. Pero que quede claro, todo los actos de los caballeros cruzados siempre recaen en lo legal, o bien cerca al menos. Al César lo que es del César.

Como imaginar no cuesta, ese nuestro imaginario país se da incluso el lujo de exportar caballeros cruzados contra la corrupción a las más transparentes instituciones defensoras de la ética del mundo. El mérito más reconocido de una de esas instituciones privadas, íntegra y libertaria, es publicar encuestas en las que grupos de jefes de empresas de cada país, incluyendo nuestro país imaginado, opinan sobre los niveles de corrupción que dicen ver a ojo de buen cubero. Así, los mismos fulanos que dirigen empresas que evaden y eluden impuestos y pasean dinero por múltiples cuentas en bancos isleño-caribeño-latino-americanos tienen al mundo como audiencia cautiva de sus cálculos. Los mismos que logran licitaciones a base de coimas, los que contratan empresas auditoras que te firman cualquier libro si pagas la factura, serían quienes dictan los porcentajes de corrupción por país. Y, siempre imaginando, la pundonorosa institución internacional, guerrera incansable por lo decente, no realiza actividad práctica alguna que ayude a meter detrás de las rejas a sus perseguidos, informar lo que le dicen que informe ya es tarea monumental.

Sin embargo, en nuestro país hipotético, la filial de la transparente institución anti corrupción y la institución privada paralela que vela oficialmente por la buena salud de la ética nacional sí tienen propuestas prácticas que vienen llevando a cabo: (1) proponen se legisle una ley, redactada por ellos, que volverá a penar los delitos ya legislados de corrupción. ¿Por qué volver a legislar lo ya legislado? Para que estén bien claros los castigos, por supuesto, ni en un país imaginario podríamos imaginar que delitos de corrupción recientes pudieran ser perdonados por caducidad de leyes. Y aquí la propuesta (2), en axiomático apostolado por la ética nacional, propone aplicar inmisericordes sanciones sociales a los empresarios corruptos; sanciones sociales que consisten en no invitarlos a vuestros gremios, no invitarlos a vuestras reuniones, no aceptarles sus donaciones a cuenta del fisco. En suma, hacerles bullying. En nuestro país de fantasía estas sanciones sociales pesarán más que condenas a cárcel efectiva para erradicar la ola Odebrecht de odiosa corrupción que está frenando a nuestro imaginario aparato productivo. Para qué molestarnos en juzgarlos si podemos aplicarles crueles y ejemplares sanciones en nuestros círculos sociales.