El Estado de derecho torcido

 Quienes han tenido parte activa en el rediseño de las leyes electorales de este país saben que sus compatriotas, además de votar, no podemos exigirles cuentas claras. Menos podemos participar en el debate de la legislación y la sana administración del Estado. Todo un ejemplo de democracia fallida en lo intrínseco y lo nominal.

     Saben también esos falsos demócratas —desde hace, por lo menos, tres décadas— que han colaborado, entre gallos y medias noches, en retorcer las leyes penales y civiles hasta el punto que las «faenas» financieras y oligopólicas —hasta hace poco delitos e inmoralidades para las cortes y la decencia— sean ahora legales y admirables. Más aún, so pretexto de favorecer a un utópico libre mercado (tan utópico como el pleno socialismo estatal), nos han enterrado en el lodo del obsoleto mercantilismo de unos cuantos; y han favorecido al mercado libre de las actividades criminales, de cuello blanco y sucio, que son ya endemia territorial y gremial en esta república y tantas otras de la región.

     Saben que les costó tiempo y dinero lograr oscurecer legalmente la actividad empresarial en el país (entrampando con ello al «mercado» que dicen defender), y éso precisamente les lleva a oponerse a cualquier insinuación de reforma constitucional, por más bienintencionada que ésta pueda ser. Claro, al ser una constitución la norma fundamental y suprema que sienta las bases y estructuras del Estado de derecho de un país, imponer de jure y de facto la del año 1993 en el Perú era una necesidad de la última dictadura. Necesitaban legalizar casi todo lo opuesto a los derechos humanos y garantías constitucionales que todos los colectivos sociales del país deberían tener, a fin de perpetuar sus elecciones fraudulentas (recordemos la «interpretación auténtica» re-eleccionaria del Fujimori noventero) y su modos ventajosos de hacer empresa. Suponen los seudo políticos que defienden un estado de derecho que no requiere mejoras ni modernizaciones, creen que deben cerrar filas tras la conservación a rajatabla de la constitución política del Perú dictatorial de los 90. Olvidan, o quieren olvidar, que esa constitución fue redactada por asambleístas-legisladores elegidos con reglas electorales amañadas a la mayor conveniencia del dictador de entonces, ahora en la cárcel.

     Dicen ellos, abanderados de la patria —con parcial razón, hay que admitirlo—, que las asambleas constituyentes son elegidas por dictaduras. Casi siempre ha sido cierto. Sin embargo, antes de la constitución del 93, las dictaduras que se aburrían de ejercer el poder de facto tenían el camino de llamar a una nueva asamblea constituyente (llevamos haciendo ya una docena de constituciones, y contando) para que, de pasada, les celebren el espíritu democrático. Pero esas dictaduras no necesitaban maquillar la legislación que los favorecía, porque ellas mismas legislaban con decretos autocráticos, porque eran autócratas, dictadores, y no se corrían. Así las cosas, los asambleístas constituyentes elegidos sólo se dedicaban a una tarea: redactar una nueva constitución. Pues bien, eso no sucedió en el congreso constituyente del dictador Alberto Fujimori (que no se aburrió del poder, qué va), pues les dio a sus asambleístas la doble tarea de legislar y redactar una carta magna a la vez. Tremendo arroz con mango que, con tiempo y egoísmo, produciría el menjunje de leyes que ahora dizque nos gobierna en libertad y equidad.

     Pero hay un pequeño gran detalle que los patriotas del 93 quieren que dejemos pasar: la Constitución Política del Perú de 1979 —producto de un Congreso Constituyente elegido en ancha base política para sus tiempos— dispone en su parte final:

«Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Son juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior.

Asimismo,los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución.

El Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se les haya causado.»

     Es una verdad histórica que la «constitución» de 1993 se impuso por acto de fuerza, e hizo acto de derogatoria de la Constitución vigente en ese momento por intermedio de un referéndum no constitucional (el del 31 de octubre de 1993), al no estar éste contemplado en el Título de Reforma de la Constitución de 1979 (otra vez, vigente al momento del referéndum inventado):

«Toda reforma constitucional debe ser aprobada en una primera legislatura ordinaria y ratificada en otra primera legislatura ordinaria consecutiva.

El proyecto correspondiente no es susceptible de observación por el Poder Ejecutivo.

La aprobación y la ratificación requieren la mayoría de los votos del numero legal de miembros de cada una de las Cámaras.

La iniciativa corresponde al Presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros; a los Senadores y Diputados; a la Corte Suprema, por acuerdo de Sala Plena, en materia Judicial; y a cincuenta mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones.»

      Así es, el dictador Alberto Fujimori y sus entusiastas colaboradores tienen pendiente un juicio (uno más), con previa incautación de sus cuantiosos bienes (la plata robada es un bien dinerario, sépase), por los perjuicios causados a la república democrática que quebraron el 5 de abril de 1992. Y la constitución inválida, espúrea, nula, que produjo esa dictadura debe ir adonde le correspondió desde un inicio: el bote de la basura (el azul, el de cartones y papeles reciclables). Cúmplase por mandato imperativo de la ley de leyes realmente vigente en el Perú.

      Una vez reciclado el papel manchado por la «constitución» del 93, y recuperado el enriquecimiento ilícito de sus escribientes, toca abocarse con urgencia a las reformas constitucionales que nuestra Constitución Política de 1979 requiere. Personalmente, tengo una propuesta de iniciativa de reforma constitucional que declare la muerte política, permanente y perenne, a quienes hayan obtenido (y obtengan) beneficio personal o grupal de puestos gubernamentales ejecutivos, legislativos y/o judiciales. Y ya que estamos en éso, mejor empecemos por recolectar firmas para otra iniciativa que declare la mudez, obligatoria y persistente, a quienes sigan charlataneando en prensa y redes sociales sobre patrias imaginarias y mundos bíblicos redivivos. Per sécula seculórum, amén.

Que la paz (política) sea con nosotros.

Ahora que en el Perú se va esfumando la oposición fundamentalista y sin fundamento de politiqueros profesionales —de las extremas derecha e izquierda— quiero rescatar las muestras de manejo responsable e inteligente de la economía, que ha recaído en posiciones de centro-izquierda (de social democracia para mi percepción). Vista así, la cosa gubernamental promete, al menos por ahora.

     Una de las certezas históricas de buen gobierno que nos compete a todos, y no lleva color político, es perentoria en tiempos de crisis como el actual: Todo ciudadano con un mínimo interés por su país debe colaborar en la eliminación de la incertidumbre política que se ha enquistado en las democracias occidentales por acción del ansia de poder de los extremismos políticos; el Perú no es excepción, especialmente desde el año 2016. Esta obligación está escrita en ninguna ley, pero es la solución al libertinaje en el que ha devenido la libertad de expresión de unos pocos interesados en pescar en río revuelto. El punto es que el río lo han llenado de mierda política. Quienquiera que guste beber de ese río—incluyendo parientes y amigos— no pertenece a nuestra especie Homo Sapiens, sino que ha involucionado a Homo Coprofagus.

     ¿Cómo colaborar? Pues haciendo oídos sordos a la bulla irracional y sus cajas de resonancia mediática y red-sociálica de quienes buscan mantener vivo el statu quo político y legal en constante zozobra. Y es que en ese estado de cosas ingobernable es que pueden seguir sembrando y cosechando dineros sucios de la droga, de la trata sexual, del contrabando de oro, de la tala indiscriminada de la Amazonía, de la depredación del mar, del asesinato endémico de activistas ecológicos, de la extinción premeditada de la fauna oceánica, del sicariato homicida. Colaboramos también en limpiar la basura digital (fake news y posverdades) al comprobar con pensamiento crítico la veracidad de los memes viralizados en nuestras conversaciones, digitales o no, de cada día. Y es que el verdaderamente viralizado problema con el que debemos lidiar en el mundo es la ramificación imprevisible de la pandemia del covid-19, que ha llegado para quedarse durante un tiempo todavía indefinido.

     Incluso una pequeña reducción de la incertidumbre política nos permite ver que el actual gobierno de izquierdas del Perú, prematuramente condenado al fracaso por sus antagonistas políticos, muestra virtudes al mantener el interés nacional en las inversiones privadas y públicas que, en su gran mayoría, se iniciaron antes de la presente administración gubernamental. Dichas inversiones pintan interesantes, de llegar a culminarse en el lustro que ya estamos viviendo, período que no sabemos si será interrumpido por alguna aventurera vacancia presidencial o un inútil cierre del Congreso.

     De culminarse los proyectos de infraestructura que el gobierno peruano actual ha puesto en su propaganda, entraría en operación el primer tren metropolitano subterráneo del país en 13 distritos de Lima, el aeropuerto internacional capitalino duplicaría su capacidad, el puerto privado de Chancay sería el hub portuario de Sudamérica, la Autopista del Sol reduciría los tiempos de transporte en 30% en la costa norte, el tren del Cusco a la costa sur movería más producción minera, y etcétera. Es claro que, con voluntad política, estos proyectos terminados empezarían a cerrar la larga brecha que tiene el país en infraestructura. Si seguimos invirtiendo racionalmente, sin mirarle la cara a los caudillajes políticos de moda, otra será la historia, y otra sería la historia. Queda todavía mucho por hacer en lo tributario, laboral, judicial, cultural, ecológico y todo lo demás de la cosa pública para buscar el desarrollo sostenible que todo país está obligado a lograr por mandato de su propia Constitución.

     Redundo y cierro: Sólo un ambiente de paz social y tranquilidad ciudadana —ambas en su versión democrática de satisfacción, no de opresión o dominio—, permiten soñar en un mejor futuro. Vamos, que hasta para sobrevivir en estado de coma se necesita tranquilidad y sosiego. La bronca política —la violencia como medio de vida— sólo lleva a la destrucción, desaparición y muerte. Entonces, que la paz sea con nosotros.

Perú, Sociedad Anónima Privada.

     No es un secreto, y para la mayoría es un orgullo, que la economía peruana está organizada y gobernada por y para el mercado competitivo y libre, al menos en teoría. Las empresas privadas, dicen los guardianes de las buenas maneras económico-financieras, son el único motor de crecimiento efectivo y creíble. Por tanto, los dueños de empresas privadas son, siguiendo a los evangelistas del libre mercado, los profetas que deben continuar gobernando, más allá de quién esté sentado en el sillón presidencial. Así van nuestros tiempos bíblicos contemporáneos, nos guste o no.

     En cambio la contraparte del estado, la parte pública, despide olores insanos que provocan la santa ira de los CEO profetas, quienes deben tomar medicina contra la náusea cada vez que hacen sus nada despreciables negocios con el estado. Los gobiernos de turno que se encargan de administrar a ese estado anquilosado, papeluchero, coimero, elefantiásico, esperpéntico, impresentable, y etc. bien merecen  sus cuotas de crítica desde los editoriales que transportan el iluminado pensamiento de nuestros conductores. Es bien sabido que estos profetas son los intermediarios entre el cielo y la tierra por derecho divino, y tienen la sagrada misión de, arrobados, recibir el diario mensaje de nuestro mercader creador.
   
     Para darle una mejor calidad de vida a quienes realizan un sacrificio mayúsculo para conducir nuestras vidas y permitir así que su sabiduría chorree sin cesar sobre nuestras indolentes, pero agradecidas, cabezas, me arriesgo a romper el silencio expectante y proponer una medida que sería la solución definitiva a las continuas jaquecas de nuestros amados líderes CEO: privatizar al estado peruano.

     Convertir al estado peruano en una sociedad anónima privada no sólo es una solución ideal a las jaquecas de los líderes empresariales de nuestra sociedad, sino que significa escuchar el definitivo llamado del dios de la libertad económica, del semidios del liberalismo, del heroico capitalismo más prístino, del mesiánico mercantilismo de probada castidad. Crear una corporación llamada Perú S.A.C. ─o Peru Inc.® para el entorno globalizado─ traería incontables beneficios a nuestra sociedad y crearía una tendencia mundial incontenible en las redes sociales y anti sociales.

     Por acercarse los beneficios al número infinito, sólo podré presentar algunos tímidos trazos de lo que nos esperaría a la vuelta del registro de nuestra corporación nacional, en la que figuraríamos como socios minoritarios, una acción por cabeza, todos los peruanos vivos al momento de la inscripción pública en las instituciones financieras y comerciales multilaterales reconocidas por la comunidad internacional, OMC, FMI, BM, BRICS, CEPAL, OEA, OIT, y siguen siglas. El número de acciones y presupuesto se incrementaría anualmente para incluir a los nuevos peruanos y para generar bonos que premien la buena gerencia corporativa que redunde a favor de todos los inversionistas al repartir obligatoriamente utilidades cada año. Cada dos años, o algo así, se pondrían a la venta paquetes de bonos que permitan a inversionistas internacionales gozar de dividendos con tasas de interés muy atractivas en el mercado financiero global. Y todos los detalles adicionales que hacen de una corporación una persona que merece nuestra mayor atención e interés.

     El directorio y las gerencias serían nombradas por estricta meritocracia, con contratos libremente rescindibles, sin esperar a que terminen períodos presidenciales que nos aten a camarillas de dudosos personajes que invierten en procesos eleccionarios sin tener el más mínimo conocimiento de administración ni el menor asomo de vocación de servicio. La democracia estaría garantizada al poder escoger entre los socios más idóneos para cada puesto de nuestra corporación, desde el directorio hasta el menos exigente de los trabajos, todos necesarios, todos sujetos a voto universal de la magna asamblea de accionistas.

     Nuestra corporación entraría activamente a la competencia empresarial siempre buscando el mayor lucro para la empresa, anulando todo rastro de lobby empresarial local o internacional porque a ningún gerente se le ocurriría favorecer a otra corporación en contra de su propia empresa si, como es natural en el mundo empresarial, estaría buscando constantemente resultados positivos que redunden en un justo engrosamiento de su cuenta bancaria; de obrar contra natura, ahí estarían atentos los departamentos de auditoría, contabilidad y adjuntos a la gerencia que siempre están dispuestos a extirpar a malos gerentes y poder contar con la oportunidad de reemplazarlos. Sería la solución inmediata y sin costo de la corrupción público-privada.

     Por ser una sociedad anónima, la responsabilidad, y consecuencias, de los actos de cualquier índole de Perú SAC, especialmente los financieros, no recaerían sobre los socios. Los accionistas, o peruanos, no tendrían que cargar con deudas eternas producto de malos contratos hechos a espaldas del directorio y la asamblea general de accionistas, más aún sabiendo que nuestra Peru Inc.® cotizaría en las principales bolsas de valores del mundo, lo que la haría totalmente transparente al análisis de inversionistas y corredores de valores.

     Perú SAC, como es obvio, no tendría obligación de rescatar a otras corporaciones con problemas financieros. Por el contrario, estaría atenta a los nichos del mercado que queden desatendidos para expandir sus operaciones, siempre dentro de niveles de endeudamiento basados en tasas para tiempos de crisis, por más auge que exista en el momento de la expansión. Así por ejemplo, las crisis bancarias domésticas o internacionales ya no serían un peligro de derrumbe de la economía sino, más bien, una oportunidad para crear, o ampliar, el brazo financiero de nuestra corporación. Con Perú SAC en operaciones, no se hubiera dado la quema de US$25,000’000,000 de las divisas nacionales para evitar, infructuosamente, la devaluación en el presente, obsoleto, gobierno peruano. Las reservas nacionales serían fondos de la empresa y no dineros públicos manejados por algún banco central influenciado por lobbies de empresas privadas que le tienen pánico a las devaluaciones por estar irremediablemente endeudadas en dólares, ya sea por préstamos de bancos extranjeros o por emisión de bonos internacionales. En el mundo empresarial, si endeudas a tu empresa tienes que pagar sin buscar que ningún estado nacional te avale en momento de apuro o iliquidez. Al no haber estado, esas empresas privadas irían, como es lógico, a la quiebra y su lugar sería tomado por otras empresas, o Perú SAC.

     Tengo la vaga esperanza de contar con el oído de nuestros todopoderosos e inspirados líderes. Todo depende si la mayoría de nuestros sabios gobernantes reales no tienen demasiados intereses en que el Estado Peruano siga existiendo para continuar haciendo negocios o para conseguir su ayuda cuando sus deudas privadas los ahoguen. Misterios del evangelio según San Liberato Totalis sin Regulatus que nos cubre piadosamente hace más de 25 años de estos tiempos del Señor.